El 14 de enero de 2011, el presidente de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali, huyó a Arabia Saudita tras el levantamiento popular contra su régimen que lo mantuvo en el poder durante 24 años. Se trató del primer jefe de Estado que fue derribado de su cargo durante la Primavera Árabe, el movimiento de descontento social contra las autocracias de larga data en la región. Después de su salida forzada, el Gobierno tunecino interino acusó al expresidente de lavado de dinero y tráfico de drogas, y envió solicitudes internacionales para lograr su detención y el congelamiento de los activos que supuestamente robó. En 2011, Ben Ali fue condenado en ausencia a cadena perpetua por incitar a la violencia y el asesinato, y también fue declarado culpable (junto con su esposa) de robo a gran escala.
Han pasado tres años, pero los esfuerzos por descubrir sus activos continúan y no han dado frutos de manera completa, planteando la inquietud si las medidas adoptadas contra la impunidad tienen un impacto real. ¿Significa esto que las autoridades tunecinas y la comunidad internacional han fracasado en su búsqueda de justicia?