En un mundo dividido acerca de cómo ocuparse de problemas graves como el terrorismo, la inmigración, el libre comercio y el cambio climático, los Gobiernos coinciden en que es urgente solucionar el problema que puede afirmarse es el más grande de todos: proporcionar viviendas seguras, bien ubicadas y asequibles a los miles de millones de personas que las necesitan. (i)
Incluso existe acuerdo sobre los pasos básicos para lograr ese objetivo: mejorar la gestión de la tierra (i) y adoptar políticas más neutrales relacionadas con la tenencia de tierras.
También hay consenso en relación a que los Gobiernos no están en condiciones de pagar esta cuenta por sí solos. Según la empresa de consultoría McKinsey & Company, solucionar el “déficit de vivienda en el mundo” tiene un costo anual de USD 1,6 billones, una cifra que representa el doble del costo (i) de las inversiones mundiales necesarias en infraestructura pública para mantener el ritmo del crecimiento del PIB.
A medida que nos acercamos al año 2018, cuando se celebrará el septuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en que la vivienda se considera un “derecho humano universal”, (i) es hora que los Gobiernos recurran a una solución clara para reducir el déficit de viviendas que continúan ignorando a su propio riesgo, y esta solución es el financiamiento de mercado a largo plazo. Sin un aumento substancial en el capital privado, el déficit de viviendas continuará aumentando
, y con ello las probabilidades de descontento social. (i)